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A marcha inicia às 9h, com concentração no Museu Nacional, seguida pela coletiva de imprensa; nas últimas duas semanas, sete indígenas morreram em contexto violento

Una de las actividades de las socias de Anamuri son los encuentros de intercambio que ayudan a enriquecer sus propias semillas con cada una de las experiencias de las guardadoras, que se repiten a lo largo de Chile. Estos intercambios no son bien vistos por las grandes productoras de semillas transgénicas y tampoco han tenido suficiente respaldo de las autoridades agrícolas. Foto: Anamuri

SANTIAGO – Campesinas chilenas advierten que si no se cuidan las semillas originarias y se avanza en la soberanía alimentaria, se agravará la crisis de hambre constatada por la FAO.

Miles de campesinos y campesinas se encuentran nuevamente movilizados en la capital, sus principales reclamos apuntan a la falta de cumplimiento de acuerdos alcanzados en marzo pasado por parte del gobierno. Como trasfondo se encuentra una profunda y prolongada crisis que atraviesa la agricultura campesina, abandonada por el Estado y arrinconada por el voraz avance del agronegocio.

El rechazo a la nueva constitución y a la plurinacionalidad, nos cierra la posibilidad de reencontrarnos y reconciliarnos en paz como país, lo que seguramente tendrá consecuencias negativas para el conflicto del Estado de Chile con el Pueblo Mapuche, ya que saldrán fortalecidos los sectores extremos que no quieren dialogar ni ver al otro como un igual, sino como un enemigo.

Una mujer indígena habla por un megáfono durante una manifestación frente a la Corte Constitucional para exigir que el gobierno proteja la selva en cumplimiento
de las sentencias judiciales contra el avance de la minería y el petróleo, en Quito, Ecuador, el martes 6 de septiembre de 2022. AP - Dolores Ochoa 

Las nacionalidades Sinangoe y waorani, que viven en la parte amazónica de Ecuador, presentaron este martes 6 de septiembre un recurso legal contra el Estado, en la Corte Constitucional. Exigen que se respeten y apliquen las decisiones judiciales rendidas a su favor, hace años, por tribunales provinciales. Se esperaba que estas decisiones prohibieran las actividades petroleras y mineras en sus territorios. Pero el Estado nunca las ha puesto en práctica.